EN BRUSELAS preocupa, y mucho, el tamaño de los activos del ladrillo
en los balances de la banca española. Porque eso, y no tanto el volumen
de la deuda pública, hace desconfiar a los mercados, que no sueltan un
euro, y obliga al BCE a suministrar liquidez a mansalva.
En
estos momentos, en lo que hace referencia a la economía española, la
prima de riesgo no es tanto una respuesta a los niveles de deuda pública
y de déficit público, como una muestra de recelo y suspicacia sobre las
herramientas que maneja para hacerle frente a los recortes y generar
crecimiento a un mismo tiempo.
Lo que de verdad preocupa en
Bruselas y en la City es si España conseguirá aumentar el PIB en
proporciones suficientes como para hacerle frente al calendario de
estabilidad pactado. Eso es lo que subyace en la cadena de mensajes
sucesivos, unos anónimos, y otros con nombres y apellidos -Olli Rhen,
Mario Monti, Maro Draghi, etc.-, publicitados por distintos medios de
comunicación europeos en los últimos veinte días.
La semana pasada, The Economist
se preguntaba si la economía mundial había entrado ya en fase de
recuperación. Algo que parece tomar cuerpo en Estados Unidos. La revista
británica concluía que las razones para el optimismo son reales. Pero
el problema, advertía, sigue siendo Europa, donde las medidas de
austeridad impuesta a los países periféricos de la eurozona están
impidiendo el crecimiento, y sin crecimiento resultará imposible que
cumplan los objetivos de déficit y de deuda. A su entender, la eurozona
necesita crear instituciones para gobernar conjuntamente la deuda con
disciplina fiscal.
Aunque la palabra eurobonos no aparece en el texto, su sombra alargada planea sobre todo el editorial de The Economist.
¿Cómo conseguir crecer?, es la pregunta sin respuesta que trae de cabeza a los ministros económicos del Gobierno Rajoy.
Cristóbal Montoro (Hacienda) hace bolillos para intentar generar
ingresos fiscales sin deteriorar más todavía el consumo. Luis de Guindos
(Economía) pretende acelerar el proceso de concentración bancaria, en
el que se da prioridad exclusiva al tamaño, sin que el Estado tenga que
dar más ayuda, a fin de no aumentar la deuda pública.
La gran
banca está de uñas, porque el Fondo de Garantía de Depósitos se ha
quedado sin fondos, tras la adquisición de Unnim por el BBVA. La compra
de Banca Cívica le obliga a Caixabank a un ajuste de valoración de 3.400
millones euros netos de impuestos con cargo a reservas. La operación
puede exigirle a la Caixa una aportación neta de capital de 1.600
millones.
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