El tema de la privacidad en Internet vuelve a estar de moda, si es
que alguna vez había dejado de estarlo. Aunque con 10 meses de retraso,
el Gobierno español asumió el pasado 30 de marzo la Directiva Europea 2009/136/CE, que se ha plasmado en el artículo 22.2 de la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico.
Básicamente, la Directiva comunitaria obliga a los sitios de Internet a informar del uso que harán con la información recabada mediante las cookies,
para que sean los usuarios quienes decidan si aceptan o no que sus
datos sean rastreados. Sin embargo, no se explica cuál debe ser el
procedimiento a seguir y, de hecho, cada país ha adaptado la norma de un
modo distinto. En el caso de España, el Ejecutivo ya ha mostrado su
rechazo a un excesivo control por la vía legal de este tipo de materias y
ha apostado por los códigos de autorregulación de las empresas para no frenar el desarrollo de la industria de Internet.
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